¿Por qué murieron María del Mar Perales, de 20
años, y su novio, Alfredo Lozano, de 21, en la noche del 21 de abril de 1987?
¿Por qué los mató con su arma reglamentaria el policía nacional, adscrito a la
Escala Básica como motorista, Isidro Mejías Carda, de 32 años, casado y padre
de dos hijas de 6 y 8, ¿y luego se suicidó? Estas eran las preguntas que se
hacían los ciudadrealeños la mañana del 22 de abril de 1987, tras descubrirse
los tres cuerpos en las inmediaciones del repetidor de TV de «La Atalaya»;
preguntas que aún hoy, seis años y pico después de que sucedieran los hechos,
se siguen haciendo cuando la Audiencia Nacional ha condenado a pagar al Estado
veintiséis millones de pesetas de indemnización a cada una de las familias de
la pareja asesinada.
SIN CAUSAS APARENTES
Nadie sabe las causas reales que motivaron
aquel trágico suceso, aunque los comentarios de la época fueron diversos y en
ellos se mezclaron amores ocultos, deudas por juego y trastornos psíquicos del
asesino; incluso hay quien aventuró que Isidro Mejías iba a suicidarse y al ver
a la pareja de novios dentro del coche los mató para que no fueran testigos de
su, propia muerte. Esta suposición estaba basada en el hecho de que llevara en
uno de los bolsillos una nota manuscrita en la que se leía: “Avisar a mi
suegra, teléfono… Mi mujer y mis hijas llegan a las ocho y cuarto”. Otras
voces apuntaban que el policía nacional tema relaciones extramatrimoniales con
una mujer que se parecía a la joven que asesinó y que por ello, al comprobar su
error, se suicidó; incluso alguien apuntó que la chica le gustaba y al no ser
correspondido la mató por celos, al igual que a su novio. Conjeturas y más
conjeturas que no aportaron nada para el esclarecimiento de los hechos, como
tampoco lo aportaron las insinuaciones que se hicieron sobre las presuntas
deudas de juego que tenía el autor material de las muertes.
Lo que sí se pudo saber es que en aquellas
fechas Isidro Mejías pasaba un bache en sus relaciones con su esposa y por ello
ésta se había marchado con las niñas a Extremadura, de donde procedía, para pasar
unos días con la familia, y que los compañeros del policía nacional aseguraron
que «era un hombre sencillo, que se llevaba bien con la familia y del que nunca
se hubiera podido esperar que hiciera una cosa así» ... Palabras y sólo
palabras que no pudieron cambiar los hechos ni mucho menos el devolver la vida
de los jóvenes asesinados: Alfredo, que estaba empleado en un almacén de
comestibles y era representante de galletas, además de ayudar a su padre en el
despacho de pan de su propiedad, y Mara, la joven de la que estaba enamorado
desde que tenía dieciséis años y con la que pensaba casarse muy pronto en la
catedral. Los dos yacen juntos en el cementerio de Ciudad Real, y, pese a l
tiempo transcurrido, ni sus padres, familiares y amigos les han olvidado un solo
día.
Tras el entierro de las víctimas comenzó otra
batalla, la batalla tendente a que el Estado reconociera su responsabilidad, y
para ello los padres de los jóvenes asesinados se pusieron en contacto con el
letrado Antonio Díaz de Mera, quien no ha descansado hasta alcanzar que la
Audiencia Nacional así lo reconociera y condenara al Estado a pagar esa
indemnización de veintiséis millones de pesetas a cada una de las familias.
"Este despacho -nos dice Díaz de Mera- se
hizo cargo de este tema desde el primer momento. Un asutilo muy difícil, ya que
al no existir autor el procedimiento penal tenía que finalizar porque no se
podía condenar absolutamente a nadie, y aquellos que quedó perfectamente claro
en la instrucción de los hechos, y se practicaron todas las pruebas que se
pidieron, todas las pruebas que el juez instructor considero convenientes, todas
las que nosotros pudimos pedir, y aquello estaba clarísimo que no podía continuarse
por vía penal y que tenía que reconducirse a la vía civil o la contenciosa.
Inicialmente pensamos en presentar un procedimiento civil, presentamos las
reclamaciones previas pertinentes al Ministerio y éste nos contestó con una
resolución en la que nos decía que, efectivamente, llevábamos razón, pero que entendía
el Ministerio que era la vía contencioso-administrativa la que debíamos
utilizar y que por tanto no nos daba la razón por una cuestión procedimental”.
UNA CANTIDAD INSULTANTE
Llegados a este punto, el despacho de abogados
de Antonio Díaz de Mera se enfrentó a varias posibilidades para seguir adelante
con sus reclamaciones: una, volver a iniciar el procedimiento civil, o dos, en
base a ese reconocimiento presunto, darle la vía del contencioso-administrativo,
pensando que ahí sí iban a tener bastantes menos problemas.
«Efectivamente, así fue -nos sigue diciendo el
letrado de las familias de las jóvenes víctimas-, y por ello nos decantamos por
la segunda solución e iniciamos la reclamación previa a la vía contenciosa.
Aquello termino con una resolución del Ministerio del interior de fecha
11/7/1990 en la que, como era preceptivo el informe del consejo de Estado,
consideró que efectivamente se daba la circunstancia de lo que se denomina
culpa contractual, que está regulada en la vía contenciosa, al igual que lo
está en la vía civil. Las bases de aquella resolución contemplaban varias
consideraciones: una, que él era un miembro de la Policía Nacional, que estaba
armado por el Estado y lógicamente la responsabilidad civil subsidiaria la
tenía que asumir éste, y en aquel informe del Consejo de Estado así lo reseñaba
, aunque también especificaba que lo único que no podía reseñar era la cantidad
que debía pagarse en concepto de indemnización, cuestión que le dejó al
Ministerio y el propio Ministerio fijó, casi de manera insultante, una cantidad
que era 2.500.000 pesetas para cada una de las familias, amparándose en una
sentencia anterior de fecha 15/12/1986 de la Sala 4. del Tribunal Supremo, por
analogía.»
Esta decisión del Ministerio determinó que el
bufete de abogados, al que desde el primer momento le dieron carta blanca las
familias para que hicieran y obraran como creyeran en cada momento, desechara
esa cantidad en base a que por aquel entonces las cuantías fijadas para
indemnizar a las víctimas del terrorismo eran las de ciento siete veces las del
salario mínimo interprofesional, con posibilidad de duplicar tal indemnización,
y las de por muerte en accidentes de tráfico alcanzaban hasta los treinta
millones, en situaciones normales.
«Era inconcebible -nos sigue diciendo Díaz de
Mera - que el Ministerio obrara así; por ello, con las bases de las muertes por
terrorismo o por circulaci6n y que el propio Gobierno había fijado el seguro
obligatorio en ocho millones de pesetas, y porque si el Estado arma a alguien
es el responsable de lo que éste haga, esté o no de servicio, que ésa era la
exculpatoria que esgrimían, que no estaba de servicio, cuando según la Ley
Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de aquella época ,
cualquier miembro tiene la obligaci6n de intervenir en todo momento y lugar
esté o no de servicio, por lo que por la misma regla tiene que salir al frente
en cualquier acto en que dicho miembro participe.
Pero, vamos, el hecho de que sea miembro de la
Policía Nacional ya inculpa al Estado, máxime cuando se utiliza el arma que le
han facilitado, por lo que tomamos la determinación de recurrir la decisión del
Ministerio del 1nterior, solicitando una cantidad de treinta millones de
pesetas para cada una de las familias.».
Dicha solicitud fue efectuada en el mes de
agosto de 1990 y, ahora, tres años más tarde, ha sido concedida, si no en su
totalidad, sí en una cantidad muy cercana, veintiséis millones, cantidad que se
puede recurrir por ambas partes.
«Por lo que a nosotros respecta -concluye
Antonio Díaz de Mera - no pensamos recurrir, ya que lo de menos en este caso
era la cantidad a recibir, lo más importante era el que la Audiencia Nacional
reconociera la culpabilidad del estado en el asesinato de Alfredo y Mara por
parte de un miembro de una de sus Fuerzas Armadas, la Policía Nacional,
concretamente, que con su arma de reglamento, un revolver Astra calibre 38,
disparó seis balas, causándoles la muerte instantánea, y después de cargarla de
nuevo se disparó a sí mismo en la sien derecha causándose igualmente la muerte
inmediata. Eso era lo que pretendíamos y eso es lo que hemos conseguido,
aunque, naturalmente, el Estado puede recurrir y que se pasen otros dos años,
pero nos da la sensaci6n de que no lo van a hacer.»
Julio Barbero. Revista Bisagra Nº 281,
13-19/6/1993
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