NADIE SABE QUE PASARÁ CON EL PADRE AYALA

 

Ni en el barrio del Padre Ayala, ni en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ni en la delegación provincial de obras públicas se explican las razones por las que el realojo de esta barriada, prometido y deseado desde hace años, se está complicando cada vez más.

Entre el temor a que por tercera vez fracase el intento de alojar a estas familias en una vivienda digna y las posturas inamovibles que unos y otros mantienen, se espera, con cierto escepticismo desde la barriada y los responsables regionales y con mucho más optimismo desde los grupos políticos del Ayuntamiento, la reunión que todos ellos mantendrán en los próximos días para tratar el traslado de las ciento setenta y seis familias que en estos momentos viven en el Padre Ayala. Aunque el delegado de política territorial no había recibido al cierre de esta edición la propuesta oficial de realizar el encuentro, solicitada por la oposición municipal, si se ha mostrado dispuesto a participar en el mismo.

 

EXPLICACIONES

 

No será la primera vez que los vecinos se reúnan con la administración local, responsable de adjudicar las nuevas viviendas, y la regional, que ha promovido su construcción, aunque si será la primera vez que todos los grupos municipales participen en estos encuentros. CDS, Izquierda Unida y Partido Popular quieren que la Junta de Comunidades explique a que se deben los precios exigidos para el traslado a las nuevas viviendas y que, al igual que los vecinos, consideran "caros", teniendo en cuenta, explican, que el suelo ha sido cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por las viviendas más grandes, de 90 metros cuadrados, las familias tendrán que pagar 6.311.000 pesetas.

 

"Si es así lo mejor que puede hacer la Junta es no construir viviendas. Pretender que muchas de las familias en paro o jubilados con pensiones bajas pueden acceder a esas viviendas y pagarlas es ciertamente complicado", dice Vicente Gallego, concejal del CDS, que a su vez reconoce las facilidades que se ofrecen para marcharse en régimen de alquiler, por lo que se pagan mensualidades considerablemente más bajas y se ofrecen ayudas de pago a jubilados y familias con pocos recursos. "El problema es que no estamos mentalizados para vivir de alquiler y esto está pesando bastante en los vecinos". También la concejala de bienestar social cree que el problema fundamental radica la negativa a marcharse de alquiler. "Tienen toda la información, asegura, pero no la quieren aceptar fundamentalmente por el tema de la propiedad. Nosotros creemos que desde la administración lo que Nosotros que garantizar es una vivienda digna, no el posible derecho de un hijo a la herencia".

En el Padre Ayala no quieren ni oír hablar de este asunto. “Yo si me voy es para dejarle la casa a mi hijo”, reconocía hace solo unas semanas Antonia Ceña y su marido Eufemio Gallego a esta revista. La idea de abandonar una vivienda en propiedad para marcharse de alquiler, aunque sea abandonando la humedad y las lamentables condiciones en las que habitan no es fácilmente concebible en el barrio.  

Tampoco en el Partido Popular se acepta el argumento. La concejala Angela María de Gracia estima que incluso puede vulnerar el derecho a la propiedad y a disponer de ella como se desee, ya que la Junta obliga a los propietarios a que entreguen las viviendas que abandonen por un millón y medio de pesetas, precio que la administración regional ha establecido unilateralmente.

 

Las mensualidades que los vecinos que se marchen voluntariamente tendrán que pagar durante 20 años y soportando un interés de un 5%, no parecen sin embargo modificables. La concejala Concha Tolosa, considera que "las condiciones son bastante favorables para os vecinos, teniendo en cuenta las necesidades de vivienda que Nosotros en la ciudad. Son éstas, como el realojo es voluntario, los vecinos tendrán que decidir si quieren o no la vivienda nueva. No va a haber más modificaciones".

En el mismo sentido se manifiesta el delegado provincial de política territorial. Juan Hidalgo explica que los precios se ajustan al decreto 93/93 en el que se basa la promoción construida y no es posible realizar más modificaciones sobre los precios. Recuerda que las obras se adjudicaron mediante subasta y reta a cualquier promotor a construir las viviendas más baratas, poniendo en duda las explicaciones de varios constructores que han asegurado a concejales y vecinos que podrían haber construido las mismas viviendas por un precio inferior.

Entre tanto la tensión sigue incrementándose La incertidumbre y desprotección que la mayoría confiesan sentir por parte de las instituciones implicadas, los intereses individuales que algunas familias tratan de primar sobre los de la barriada, enfrentamientos personales y distintos planteamientos sobre las reivindicaciones que deben llevarse a cabo para exigir mejores condiciones en el realojo están dividiendo al barrio y restando por tanto la capacidad de reacción del mismo.

Algunos miembros de la comisión de vecinos, encargada exclusivamente de negociar el realojo y elegida en una asamblea hace un año, denuncian además "extrañas maniobras" realizadas desde el Ayuntamiento para desacreditarles y dividirles. La comisión, sin embargo, acaba de realizar un sondeo, familia por familia en el barrio, que apunta que el 95,6% de los vecinos consideran las condiciones abusivas.

Los ánimos se alteraron aún más la semana anterior en el barrio. Una información publicada en un diario local sobre las intenciones, desmentidas posteriormente por la alcaldía, de demoler la barriada previa declaración de ruina inminente de los bloques, cayó como una bomba entre los vecinos. En el barrio, sin embargo, han comenzado a temer que al final la administración termine por declarar sus viviendas actuales en ruina inminente para obligarles a marcharse. "Ya tenemos la experiencia del Torreón, aquí Nosotros mucha gente que salió de allí con la misma excusa y no tuvo más remedio que venirse a este barrio". El delegado de obras públicas ha negado esta posibilidad, asegurando que en el Padre Ayala también se construirán viviendas sociales.

 

P.P. Revista “Bisagra”, número 333, del 3 al 9 de julio de 1994